Dos hombres, Jawad Abdullah Qureiris y Fadel Hassan al-Safwani, fueron ejecutados el sábado en la Provincia Oriental de Arabia Saudí. Las autoridades saudíes dijeron que ambos habían sido condenados por delitos de terrorismo. AFP informó el lunes de que sus ejecuciones elevaron a 211 su recuento para el reino en 2026.
En 2011, al-Safwani ayudó a encabezar manifestaciones pacíficas en demanda de derechos civiles y la liberación de detenidos. Qureiris asistió a una de esas protestas en Qatif cuando aún era menor de edad. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria determinó que su detención era arbitraria y pidió su liberación en noviembre de 2024.
El dictamen de la ONU se refería a cinco hombres en total y Qureiris fue el cuarto en ser ejecutado. Las organizaciones de derechos humanos afirman que el hombre restante, Yousef al-Manasif, sigue en riesgo porque el Tribunal Supremo de Arabia Saudí ha confirmado su condena a muerte.
Ejecuciones y condenas
El recuento de AFP incluía a 126 personas condenadas por tráfico de drogas y a 17 ejecutadas por cargos relacionados con el terrorismo. La agencia señaló que 100 de las 211 personas eran ciudadanos saudíes; todas las demás eran extranjeras.
Human Rights Watch informó de la ejecución en julio de cinco migrantes etíopes por delitos no violentos relacionados con las drogas. Organizaciones de derechos humanos informaron de que dos ciudadanos bangladesíes fueron ejecutados en octubre. Por otra parte, Human Rights Watch señaló que el ciudadano saudí Hassan Zaki al-Faraj fue ejecutado el 17 de octubre por supuestos delitos cometidos cuando era menor de edad.
Ahmed Benchemsi, portavoz de Human Rights Watch para Oriente Medio y el Norte de África, dijo a DW que las ejecuciones alcanzaron un récord de al menos 356 en 2025 y se mantuvieron en niveles elevados en 2026. También confirmó que Arabia Saudí había ejecutado a más de 2.000 personas durante la última década.
El Centro de Información sobre la Pena de Muerte sitúa a Arabia Saudí por detrás de China e Irán en su clasificación de ejecuciones. Todavía no se dispone de datos mundiales completos para 2026, y las cifras de ejecuciones son secretos de Estado en muchos países. Amnistía Internacional también situó a Arabia Saudí en tercer lugar, por detrás de China e Irán, entre 2022 y 2025.
La ONG Juntos contra la pena de muerte, o ECPM, señala la decapitación y la lapidación como los dos principales métodos de ejecución en el reino. Muchas condenas a muerte, entre ellas las de Qureiris y al-Safwani, son sentencias discrecionales conocidas como ta'zir. A diferencia de los castigos establecidos en la interpretación saudí de la ley islámica, o sharía, en estos casos ni el delito ni el castigo están definidos en la ley islámica. En consecuencia, se proporciona poca o ninguna información sobre la ejecución o el destino de los cuerpos.
Conflicto regional y disidencia
Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, Irán y el grupo hutí de Yemen, aliado de Teherán, atacaron Arabia Saudí. Los ataques han causado decenas de muertos y heridos, han puesto en peligro el plan de diversificación económica Visión 2030 y han obligado a cancelar o aplazar varias cumbres y eventos deportivos internacionales. La situación plantea un dilema al príncipe heredero Mohammed bin Salman, líder de facto del reino.
La abogada de derechos humanos Sarah Leah Whitson, exdirectora ejecutiva de la organización de vigilancia DAWN, con sede en Estados Unidos, dijo a DW que los reiterados ataques hutíes contra aeropuertos habían puesto de manifiesto la vulnerabilidad saudí, pese a un gasto récord a nivel mundial en equipamiento de defensa. Afirmó que las ejecuciones y las condenas a castigos corporales se habían reanudado a un ritmo implacable en medio de la guerra con Irán.
Durante la semana en que se publicó el artículo de DW, organizaciones de vigilancia informaron de que una mujer keniana en Arabia Saudí había sido condenada a 100 latigazos por dar a luz fuera del matrimonio. Whitson citó la condena contra la trabajadora doméstica migrante y las ejecuciones recientes como indicios de que el gobierno seguía recurriendo a la represión.
Maryam Aldossari, directora interina de ALQST, con sede en Londres, dijo a DW que las autoridades habían utilizado la guerra con Irán y las tensiones regionales para intensificar la represión, en particular mediante el uso de la pena de muerte como herramienta de represión política contra la minoría chií. La mayoría de los chiíes saudíes viven en la Provincia Oriental, rica en petróleo, de donde procedían Qureiris y al-Safwani.
Arabia Saudí es mayoritariamente suní, mientras que Irán es predominantemente chií. Las autoridades saudíes llevan tiempo viendo con sospecha parte del activismo político chií, en parte por la preocupación ante la influencia iraní y los presuntos vínculos entre la disidencia interna y Teherán. Los grupos de derechos humanos afirman que esas acusaciones se han utilizado para justificar la represión de la minoría.
Neil Quilliam, investigador asociado del Programa de Oriente Medio y Norte de África de Chatham House, advirtió contra la suposición de que existe una relación causal directa entre el conflicto con Irán y la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí. Dijo a DW que las reformas sociales de la última década habían ampliado las oportunidades para las mujeres, mientras se mantenían los controles sobre la disidencia y el activismo políticos.
Quilliam afirmó que las tensiones regionales pueden aumentar la preocupación oficial por la seguridad nacional y reducir la tolerancia a las críticas o a lo que se percibe como amenazas a la cohesión social. Señaló que era más difícil demostrar un cambio en la situación de los derechos humanos, aunque algunos observadores consideraban que la disidencia estaba cada vez más limitada en Arabia Saudí y otros Estados del Golfo. DW se puso en contacto con la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí el lunes 16 de noviembre de 2026 y no había recibido respuesta al momento de la publicación.




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