Los recortes en la financiación de la protección de los refugiados y de la asistencia esencial están debilitando las salvaguardias contra la trata y la explotación, según dos estudios publicados por la agencia de la ONU para los refugiados, el ACNUR, y la Universidad de Oxford. La investigación se centra en Bangladesh y Etiopía, donde los niños se encuentran entre quienes afrontan mayores riesgos.
Los informes concluyeron que la reducción simultánea de los servicios de protección y de recursos esenciales como el alojamiento y la educación deja a los refugiados más expuestos al trabajo peligroso, la explotación y la trata. Elizabeth Tan, directora de Protección Internacional y Soluciones del ACNUR, afirmó que servicios como la asistencia jurídica, los espacios seguros, el apoyo psicosocial, la prevención de la violencia de género y la protección infantil constituyen importantes defensas frente a esas amenazas.
Tan advirtió que los recortes de esos servicios agravan las vulnerabilidades y facilitan que los tratantes se aprovechen de personas que ya están en riesgo. Los estudios reclaman una financiación sostenida, flexible y predecible, pero, en julio de 2026, los programas mundiales de protección infantil del ACNUR solo contaban con el 25 % de los fondos necesarios. Los programas para prevenir y combatir la violencia de género estaban financiados en un 24 %.
Casos de trata y presión sobre el alojamiento en Bangladesh
Bangladesh acoge a más de 1,1 millones de refugiados rohinyás procedentes de Myanmar en el mayor asentamiento de refugiados del mundo, cerca de la ciudad de Cox’s Bazar, en el sureste del país. Los casos de trata detectados allí aumentaron un 28 % entre 2024 y 2025. Los niños representaron el 17 % de las víctimas, frente al 14 % anterior.
Entre enero y septiembre de 2026, las autoridades y organizaciones identificaron a 411 víctimas de trata, de las cuales casi el 23 % eran niños. Las cifras corresponden a casos detectados o identificados; la fuente no establece que los recortes de financiación hayan causado el aumento registrado.
Los estudios también describen una creciente presión sobre los recursos básicos. La población refugiada rohinyá en Bangladesh aumentó aproximadamente un 17 %, es decir, en más de 170.000 personas, entre 2024 y 2025. En 2025, el presupuesto operativo del ACNUR cayó más de un ocho por ciento y presentó un déficit de financiación del 59 %.
Alrededor del 88 % de los hogares rohinyás informaron de que sus refugios estaban deteriorados, mientras que a casi ninguna de las personas recién llegadas se le pudo asignar una vivienda propia. La disponibilidad de agua potable cayó de 33 litros por persona al día a 23 litros.
Reducción de los servicios de protección infantil en Etiopía
En Etiopía, los niños representan el 52 % de los 1,1 millones de refugiados del país. La mayoría de los refugiados allí proceden de Sudán del Sur, Somalia, Eritrea y Sudán; entre ellos hay 31.000 niños separados de sus padres o tutores. Según los estudios, los recortes de financiación han reducido considerablemente los servicios de protección para los niños refugiados.
En 2025, la operación del ACNUR en Etiopía recibió menos de un tercio de la financiación necesaria y solo se cubrió el 18 % de las necesidades previstas en materia de protección infantil. El número de niños que recibieron apoyo para localizar a sus familiares y reunirse con ellos cayó de 4.071 en 2024 a 1.887 en 2025. La atención alternativa para los niños no acompañados y los programas de fortalecimiento familiar también se redujeron aproximadamente a la mitad.
La falta de financiación afectó a 57 escuelas primarias que atienden a aproximadamente 110.000 niños refugiados. Los autores del informe señalaron que observaciones recientes sobre el terreno indicaban un aumento del trabajo infantil, incluso en la agricultura y en zonas de minería informal. Advirtieron de que los niños que huyeron solos, los separados de sus familias y las niñas están especialmente expuestos a la explotación, la violencia sexual, el matrimonio infantil y la trata con fines de trabajo forzoso y explotación sexual.
El profesor Andrew Thompson, de la Universidad de Oxford, describió los hallazgos como una advertencia de lo que podría ocurrir si los servicios de prevención y protección para refugiados siguen sin recursos suficientes. El ACNUR afirmó que los informes también muestran la importancia de invertir en protección para prevenir conflictos, fortalecer la resiliencia y encontrar soluciones duraderas.




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