El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el miércoles, durante una visita no anunciada a Caracas, que Washington y Venezuela retomaban la cooperación militar. Ningún funcionario estadounidense de su rango había visitado el país desde el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero. Hegseth acompañó el anuncio con una advertencia a los narcotraficantes: dijo que Estados Unidos perseguiría y mataría a quienes acusó de extender la delincuencia por toda la región.
La alianza de Washington con Rodríguez
Para Delcy Rodríguez, mandataria interina de Venezuela, el anuncio supuso el restablecimiento de la cooperación técnica y militar, interrumpida desde hacía años. Rodríguez fue vicepresidenta de Maduro. Gobierna con el respaldo de Estados Unidos desde que las fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro y lo trasladaron a Nueva York, donde afronta un juicio por cargos de narcoterrorismo.
El respaldo de Washington a Rodríguez ha generado descontento entre la oposición venezolana que reclama la democracia. Los venezolanos gozan de más libertades que hace un año, pero el Gobierno de Trump ha permitido que gran parte del aparato estatal autoritario siga en pie. Cientos de presos políticos siguen detenidos y no hay fecha para celebrar elecciones libres y justas.
Los intereses de Estados Unidos en Venezuela van más allá de frenar los envíos de cocaína desde Sudamérica. Washington también considera que el país es importante para sus esfuerzos por encontrar nuevas fuentes de petróleo y aislar al Gobierno comunista de Cuba. En materia de narcotráfico, uno de los puntos de fricción ha sido la acusación, que se remonta a años atrás, de que Caracas da refugio a grupos guerrilleros colombianos implicados en el tráfico de drogas, entre ellos el ELN. Esos grupos operan a ambos lados de la frontera.
Una relación militar distinta en Colombia
En Bogotá, donde Hegseth aterrizó más tarde ese mismo miércoles, Estados Unidos cuenta ya con una larga trayectoria de cooperación antidrogas con el Gobierno colombiano. Colombia es el mayor productor de cocaína, mientras que Estados Unidos es su principal mercado. Desde que asumió el cargo en agosto, el presidente Abelardo de la Espriella ha ampliado la cooperación militar con Washington, y Colombia ha bombardeado a grupos guerrilleros implicados en el narcotráfico. En los recientes ejercicios conjuntos contra el narcotráfico en Colombia participaron 400 militares colombianos y más de 300 estadounidenses.
La visita se produjo en medio del escrutinio sobre la forma en que las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo sus propias operaciones antidrogas. Según el recuento de AFP, más de 230 personas murieron en ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de transportar droga en el Caribe y el Pacífico oriental. Organizaciones de derechos humanos afirman que el Gobierno estadounidense ha presentado pocas pruebas que vinculen a esas embarcaciones con el narcotráfico y advierten que las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
El despliegue militar en la región también se extiende a Ecuador. AFP identificó al menos 20 vuelos militares estadounidenses con destino a una base aislada en la costa ecuatoriana del Pacífico. Entre las aeronaves había aviones de transporte, aparatos de rotores basculantes Osprey y helicópteros Black Hawk. Las imágenes satelitales mostraron que en los últimos meses se habían realizado obras de gran envergadura en la base.
Hegseth salió airoso recientemente de un intento de someterlo a juicio político en el Congreso y sigue afrontando cuestionamientos tanto por la legalidad de los ataques marítimos como por su gestión de la guerra con Irán. Los analistas prevén que las políticas y alianzas de Trump en América Latina sean objeto de un examen minucioso una vez que la mayoría demócrata asuma sus funciones en enero.




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