Nadie necesita permiso del gobierno para formar un grupo o unirse a él, señaló el Comité de Derechos Humanos de la ONU en sus orientaciones sobre la libertad de asociación. Cada persona decide si se organiza a través de una asociación registrada o de una informal. Los gobiernos no deben considerar delito la pertenencia a un grupo no registrado ni imponer otras sanciones por el mero hecho de pertenecer a él.

En su observación general núm. 38, el Comité explica cómo interpretar el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagra la libertad de asociación. El Comité publica estas orientaciones en un momento en que los grupos de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, al igual que los sindicatos, los partidos políticos y los movimientos de base, afrontan cada vez más obstáculos legales y administrativos.

Este derecho permite a las personas actuar juntas por voluntad propia para alcanzar un objetivo común, tanto en el trabajo como en otros ámbitos. El Comité señaló que la libertad de asociación es un pilar de la democracia y permite ejercer otros derechos. Los ataques contra esa libertad pueden ser indicio de una ofensiva más amplia contra los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho, advirtió.

Protección de la disidencia y de los vínculos transfronterizos

La protección se extiende tanto a los grupos cuyas ideas resultan controvertidas para otras personas como a las actividades que se consideran disidentes o perturbadoras. También ampara a quienes participan en actos colectivos y pacíficos de desobediencia civil. El Comité advirtió contra el uso indebido de las leyes antiterroristas y de seguridad nacional, en particular de las disposiciones imprecisas dirigidas contra organizaciones calificadas de «extremistas» o «indeseables».

Los grupos tienen derecho a solicitar, aceptar y utilizar fondos, ya provengan del propio país o del extranjero. También deben poder colaborar con otros más allá de las fronteras sin correr el riesgo de que se los califique de agentes extranjeros o de amenazas para la seguridad nacional, señaló el Comité. El organismo advirtió contra la vigilancia de los grupos o de sus miembros, incluso por medios digitales, y contra el uso de policías encubiertos o agentes de inteligencia para infiltrarse en esos grupos.

Cuándo pueden los gobiernos imponer restricciones a una asociación

El Comité señaló que la libertad de asociación no es absoluta, pero que las restricciones deben seguir siendo la excepción. Cada restricción debe tener un fundamento jurídico claro y perseguir un fin legítimo. Aun así, debe ser estrictamente necesaria y proporcionada. Solo como último recurso deberían los gobiernos obligar a un grupo a suspender sus actividades o a disolverse. En esos casos deben respetarse las garantías judiciales.

Los 18 expertos internacionales del Comité supervisan cómo aplican los países el Pacto, que han ratificado 175 Estados. Los Estados partes eligen a los expertos para mandatos de cuatro años. Los expertos ejercen sus funciones sin remuneración y no forman parte del personal de la ONU.